Después de dos meses en el poder, el presidente Abelardo De La Espriella, afrontará la primera gran marcha de protesta en contra de su Gobierno por las decisiones que ha tomado el ejecutivo en torno a la limitación de las protestas sociales y la lentitud en llevar respuesta a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto entre otros temas de país.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) llamó a los maestros en defensa de la educación pública , la salud del magisterio y sus derechos laborales, al igual que pronta respuesta que no se ha dado para reparar las escuelas públicas del país afectadas por el sismo.
Afirma Fecode que el Gobierno de ADLE, lleva a cabo una campaña de estigmatización en contra de los docentes y las diferens organizaciones sociales, mientras que cuatro organizaciones indigenas que realizan este lunes y martes una cumbre en el departamento del Cauca para sumarse a la protesta nacional.
por su lado los sindicatos del país rechazan la posibilidad que han conocido de reversar el salario minimo de los trabajadores en Colombia.
El Gobierno nacional ha manifestado su intención de modificar el protocolo de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones donde el presidente ha publicado su interés de sancionar con toda la contundencia a los que participen en la protesta con violencia, bloqueos y afectaciones a la comunidad que se dirija a sus sitios de trabajo u a otro tipo de actividad y que sea perjudicada por las marchas.
Las organizaciones sociales le han dicho al Gobierno que la protesta pública es un derecho de todos los que se sientan vulnerados y de paso critican a la administración de ADLE por debilitar los canales de diálogo con algunos sectores del país.
A esta situación crítica se le suma el estatuto Antiterrorista que presentó el Gobierno y que está contenido en 116 páginas diseñadas para endurecer la persecución contra los grupos armados y organizaciones contra las que considera terroristas y criminales.
Ha anunciado el presidente el congelamiento de fondos la extinción de dominio sobre los bienes vinculados a las estructuras y la prohibición de contratar con el Estado. En el citado Estatuto también se contempla las condiciones de reclusión y las penas para delitos asociados al terrorismo. Igualmente incluye figuras como la instrumentalización de la población civil y propone herrramientas de persecución. Todo esto tiene preocupada a las organizaciones sociales que se encuentran en estado de alerta más que todo porque podrían incluir a población civil solamente porque protesten en la marcha anunciada, señalándolos de terroristas sin investigaciones a fondo.
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