Durante el primer Comité de Justicia Transicional del Departamento, se aprobó el Plan de Acción Territorial del Atlántico (PAT) 2024-2027.
Al comité asistieron representantes de las secretarías de la Gobernación, de las víctimas del conflicto armado, autoridades policiales y organismos de control, quienes discutieron sobre los componentes de prevención, protección, asistencia y reparación integral de esta población.
El gobernador (e), Pedro Lemus, presidió el comité y señaló que se socializó la ruta de atención y de inversiones que realizará la Gobernación del Atlántico para la población víctima del conflicto armado, que cuenta con un capítulo especial en el Plan de Desarrollo ‘Atlántico para el Mundo’.
“Hoy, en el marco de este plan de acción, tenemos una serie de inversiones previstas para estos 4 años, no solo para llegar a atenderlos, sino para lograr la reparación integral. Hemos decidido hacer este plan de manera transversal para que los diferentes programas y ofertas institucionales que están en el plan de desarrollo también los beneficien”, detalló Lemus.
El funcionario precisó que en el departamento hay cerca de 170.000 víctimas del conflicto armado que están reconocidas por el Estado, pero que existe un subregistro de personas que han llegado al departamento en esta condición, pero que no han realizado parte de los diferentes procesos de censos que se han realizado.
El secretario de Interior del Atlántico, José Antonio Luque, enfatizó que es clave que se hayan sumado secretarias como la de Mujer, Infraestructura, Salud, que ofertarán todas sus servicios para la población víctima.
“Vamos a trabajar para que esta población víctima cumpla con todos los requisitos para que accedan a beneficios como el de ‘Mi Casa Bacana’ y otros más que están incluidos en el plan de desarrollo durante estos cuatro años, además se han sumado instituciones como el SENA, que tendrá a su disposición toda su oferta”, sostuvo Luque.
Por último, el secretario de Interior explicó que el objetivo principal de este plan es promover el goce efectivo de los derechos de la población víctima, alineando las acciones de las distintas entidades del orden territorial y nacional.
