- Se propuso la creación de un documento Conpes para la transformación socioeconómica de la región con el propósito de ampliar el alcance del proyecto en la región.
- Otra de las iniciativas puestas sobre la mesa es que la RAP Caribe se encargue de la gerencia.
- La firma Sacyr debe presentar estudio del impacto ambiental actualizado en agosto próximo; mientras que la ANLA, en mayo debe definir la licencia ambiental.
En la mesa de trabajo que se cumplió en la Gobernación del Atlántico, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, resumió en seis puntos una serie de acuerdos a los que llegaron los gobernadores del Atlántico, Eduardo Verano; y de Sucre, Lucy Inés García, de Sucre; y el ministro de Transporte, William Camargo, para materializar esta iniciativa.
Dijo que era consciente de que este megaproyecto hay que aterrizarlo; seguir conversando con las comunidades de su área de influencia, escuchar al concesionario, la firma española Sacyr acerca de su responsabilidad; ver la posibilidad de considerar rediseños; en fin, evaluar los nuevos aportes hechos durante el encuentro que se extendió por cerca 6 horas.
“Tenemos 18 meses para seguir evaluando el proyecto, puesto que el contratista está actualizando la línea de base ambiental la cual debe entregarnos en el próximo mes de agosto, además debemos estar atentos a la resolución de unos recursos que interpusieron ante la ANLA sobre la licencia ambiental, decisión que se debe conocer a mediados del mes de mayo”, manifestó la ministra Muhamad.
La funcionaria también destacó que entre las tareas trazadas está la de buscar la asesoría de una comisión de expertos que faciliten la superación de obstáculos que pueden frenar el megaproyecto y lograr consensos concretos; llevar a la estructuración de un documento Conpes como herramienta para la transformación social y económica de la región; y la propuesta de que sea la RAP Caribe la que se encargue de la gerencia integral.
La convocatoria de hoy abrió espacios a voceros comunales, alcaldes, congresistas, directores y gerentes de organismos del Gobierno nacional como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Unidad Nacional de Gestión Riesgos y Desastres (UNGRD), Invemar, corporaciones autónomas de desarrollo de los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar, entre otros.
El gobernador Eduardo Verano dijo que lo importante es que se ha ido despejando el panorama y hecho evidente la necesidad de trabajar de manera articulada con otras instancias de los gobiernos nacional, regional y local, así como el sector privado y las comunidades.
“Es un proyecto muy interesante, muy importante. Obviamente, sí tiene unos impactos severos en los sistemas ambientales, pero que pueden ser mitigados, pueden ser manejados a través precisamente de esta herramienta muy poderosa que son las licencias ambientales y que de una u otra manera serían las que nos darían los manejos y los seguimientos a todo este proceso”, sostuvo el mandatario.
Verano también se refirió al poder la licencia ambiental porque da la oportunidad a todas las entidades, comunidades, entre otras, para que el megaproyecto avance en toda su dimensión hasta lograr los objetivos que se ha trazado.
“En ese sentido, creemos que una manera de agilizar todo esto sería con un documento Conpes, que de una u otra manera encierre todos estos avances y los consigne para que realmente tengamos este proyecto sacándolo adelante”, concluyó.
El ministro de Transporte, William Camargo, dijo que no solo se debe pensar en el rescate ecoambiental del Canal del Dique, sino que hay que ser ambiciosos, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional viene impulsando iniciativas de largo aliento hacia el 2050.
“La tarea es buscar consensos; poner todo en blanco y negro hasta lograr acuerdos y recursos de otros ministerios y de otras instancias”, anotó.
La gobernadora de Sucre, Lucy Inés García, también destacó el trabajo coordinado que debe primar entre quienes hacen del megaproyecto, en especial teniendo en cuenta la participación activa de las comunidades. “A mi gusta esto de trabajar por una gobernanza del agua, a partir del Canal de Dique y que sea liderado por la RAP Caribe, pero sobre todo atender las necesidades de las comunidades”, precisó.
EL MEGAPROYECTO
De acuerdo con los registros de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el megaproyecto, esperado por más de 50 años en la región Caribe y que se convirtió en una prioridad después de las inundaciones del año 2010, las cuales afectaron a más de 100.000 habitantes, está contemplado para ser ejecutado, por etapas, en un período estimado de 15 años y demanda de una inversión 3,1 billones de pesos recursos, distribuidos entre obras, operación y mantenimiento.
En diciembre 7 del 2022, la ANI le adjudicó el contrato, de lo que se ha denominado ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’, a la firma española Sacyr, quien deberá ejecutar 39 obras; y la interventoría al Consorcio Dique MAI, el 5 de abril del 2023, por una suma de 74.000 millones de pesos.
Su esencia radica en que mediante la construcción de un sistema de esclusas y de compuertas en tramos claves, así como de otras obras hidráulicas complementarias que controlarán la sedimentación, más el reforzamiento de muros de contención, se evita a futuro que el canal se desborde en épocas de invierno e inundando zona municipales y rurales en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, mientras que en temporadas de sequía garantiza agua para alimentar acueductos y distritos de riego.
Los estudios sostienen que el beneficio recaerá, directamente, sobre 1,5 millón de habitantes residentes en 18 municipios de los tres departamentos, generará 61.000 empleos, facilitará la navegabilidad de embarcaciones de uso comercial, industrial y turístico e impactará positivamente en la recuperación ambiental integral del deteriorado ecosistema, entre el municipio de Calamar, en donde tiene origen el Canal del Dique con agua del río Magdalena, hasta donde desemboca en la Bahía de Cartagena, luego de recorrer una longitud de 115,5 kilómetros.
La ANI señala también que el megaproyecto ha sido socializado en más de 250 mesas de trabajos y 16 procesos de consulta previa con la participación activa de comunidades, dirigentes políticos, gremios económicos, autoridades gubernamentales del orden nacional, regional y local, acciones que han estado acompañada por organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
