De manera arbitraria y unilateral, ATP desconecta a más de un millón de colombianos: la renta y el negocio por encima de un derecho esencial

07 de abril de 2025

En un acto que confirma la alarmante falta de ética y responsabilidad social con la que algunas empresas actúan, el operador privado de infraestructura digital más grande de la región andina, como se auto-describe en su portal la empresa Andean Telecom Partners (ATP), ha decidido, de manera unilateral, suspender el suministro eléctrico en múltiples sitios que son empleados por el proyecto del Plan Nacional de Fibra Óptica (PNFO) para brindar servicios de telecomunicaciones en favor de milllones de colombianos.

Con esta decisión arbitraria e irresponsable, esta empresa ha paralizado servicios públicos esenciales, dejando incomunicadas a más de un millón de personas a lo largo del país en más de 65 municipios en al menos 10 departamentos (Cundinamarca, Sucre, Chocó, Huila, Santander, Caldas, Nariño, Boyaca, Norte de Santander y Magdalena).

ATP, cuyo modelo de negocios es, principalmente, rentar sitios a empresas de telecomunicaciones en Colombia y varios otros países de la región, ha privilegiado su modelo de negocio por encima del interés general, pasando por alto que el acceso a internet es hoy un derecho público y universal, como lo establece la Ley 2108 de 2021. Esta Ley reconoce el servicio de internet como esencial, y su interrupción como una afectación directa al bienestar, la seguridad y la dignidad de los ciudadanos.

El corte de energía afecta el funcionamiento de los equipos de transmisión empleados en favor del referido proyecto nacional, impidiendo la prestación de servicios por parte de la misma. ATP ha recurrido a esta medida en lugar de acudir a los tribunales, en una decisión deliberada y calculada para generar inconvenientes operativos al mencionado proyecto, sin importarle las consecuencias humanas y sociales.

Esta interrupción masiva y dolosa, ordenada por la representante legal de ATP, Saira Ballesteros, compromete no solo el acceso a servicios básicos, sino la estabilidad de la vida cotidiana de millones de colombianos que dependen del acceso digital para estudiar, trabajar, hacer transacciones o simplemente comunicarse. Más grave aún, la desconexión temeraria de ATP ha generado el colapso de servicios como registros de nacimiento e ingresos hospitalarios, autorizaciones médicas, educación virtual en decenas de escuelas, operaciones en hospitales y funciones básicas de instituciones financieras.

Este no es un caso aislado. La conducta de esta empresa responde a un modus operandi recurrente: utilizar la desconexión de la energía eléctrica -intransigente e insensible— como herramienta de coerción comercial, sin importarle si ello constituye una vulneración a un servicio público esencial, ni, menos aún, de los derechos de comunicación de millones de personas. De hecho, de acuerdo a la normatividad colombiana solo las empresas proveedoras de energía eléctrica, que esta compañía evidentemente no es, tienen la autoridad para suspender dicho servicio.

No obstante, ello no ha impedido que en el pasado haya incurrido en estas prácticas abusivas. Basta recordar que en abril de 2024, en un intento similar de extorsión a dicho proyecto de alcance nacional, dejó sin acceso a internet a más de 500 mil hogares colombianos durante más de 48 horas, afectando gravemente a la ciudadanía con total impunidad.

Con acciones como éstas, la empresa ATP muestra su verdadera cara y prioridades: la renta por encima de un derecho esencial, el negocio antes que el servicio, la ganancia por sobre la gente. La desconexión provocada por ATP no solo es un tema técnico; es también una desconexión ética y social de la empresa para con los colombianos

Por Nixon Carvajal