Doce comunidades campesinas e indígenas padecen un confinamiento prologando porque persiste la siembra de minas antipersonal, hay lideresas y líderes amenazados, el control territorial y social ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) cada vez es mayor, no cesa el reclutamiento de menores de edad, entre otras problemáticas.
Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis.
Cuando los moradores se arriesgan a salir por estricta necesidad, los extorsionan en varios puntos donde ilegales (que delinquen en la zona) han instalado retenes. Según lo encontrado por la misión de verificación, de la cual formó parte la entidad nacional de derecho humanos, las mujeres han sido requisadas y despojadas de sus pertenencias íntimas. Ante los hechos de degradación, contaron, han contemplado la posibilidad de suicidarse.
Es de suma urgencia disponer de un equipo humano para que realice una brigada de salud integral y en temas psicosociales comunitarios, con la finalidad de identificar posibles casos de suicidios; también, continuar realizando el desminado en los lugares identificados por la fuerza pública, entre otras, son las recomendaciones formuladas a la institucionalidad gubernamental por la Defensoría del Pueblo.
Un total de 12 comunidades campesinas e indígenas del municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, vienen siendo víctimas de estructuras al margen de la ley, las cuales han recrudecido su accionar indiscriminado desde comienzos de este año.
“Son 3347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera. Así lo pudo establecer nuestro equipo de la Regional Chocó, la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó en una misión de verificación hecha en el territorio”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las familias, que forman parte de las comunidades Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, están afectadas por la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, amenazas a lideresas y líderes sociales y profesores, torturas contra indígenas por supuestamente pertenecer a diferentes grupos armados ilegales, acoso sexual contra mujeres.
“El control territorial y social ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o AGC-Clan del Golfo, es cada vez mayor. Además, el grupo armado quiere imponer su hegemonía en las comunidades que habitan la zona a lo largo del río Atrato. Todo fue advertido en nuestra Alerta Temprana 016 del 2021”, manifiesta Carlos Camargo Assis.
Retenes ilegales y ultraje a mujeres
La misión humanitaria, así mismo, conoció que las comunidades, cuando por necesidad se arriesgan a salir de sus territorios, están siendo extorsionadas en varios puntos donde ilegales que delinquen en las áreas rurales de Bojayá han instalado retenes. Denunciaron que son cuatro los retenes, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva. Les quitan las pertenencias cuando reclaman ayudas humanitarias y recursos de la indemnización que les corresponde por ser víctimas del conflicto.
“A las mujeres las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor. Me pregunto dónde está la institucionalidad, dónde están los cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que actuar, honrar lo que les dicta nuestra Constitución. La dignidad humana es un derecho que debe ser protegido”, reclama el Defensor del Pueblo.
Restricciones a los productores de plátano
Otro hecho es la restricción para sacar del territorio la producción de plátano.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia impiden que les entren recursos a los pobladores que dependen de ese comercio porque, según la denuncia, los señalan de destinarlos a otros grupos armados ilegales.
“Es una clara infracción al derecho internacional humanitario, enmarcado en los Protocolos de Ginebra, la lamentable situación. Lo que está sucediendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, pero también a los campesinos de Bojayá y sus alrededores”, expresa Camargo Assis.
Recomendaciones formuladas por la Defensoría
Es oportuno disponer de un equipo humano para que realice una brigada de salud integral, que permanezca en el territorio. Las secretarías de salud de los municipios y del departamento deben realizar un mayor control a las EPS e IPS, pues los servicios prestados son insuficientes.
Igualmente, realizar jornadas integrales en temas psicosociales comunitarios para identificar los posibles casos de suicidios. Apoyar conjuntamente a la administración de Bojayá, puesto que no cuenta con las capacidades presupuestales para la respuesta inmediata y en transición.
De igual modo, continuar realizando el desminado en los lugares identificados por la fuerza pública. Aumentar el pie de fuerza para que las estructuras armadas se alejen de las comunidades, ahora mismo en situación de confinamiento, entre otras recomendaciones.
Información y fotos de la Defensoría del Pueblo
