Superintendencia de Vigilancia y Seguridad suspendió licencias a 5 empresas de Barranquilla
Miryam Peña De Cortina 
Situación presuntamente irregular en varias empresas de vigilancia en Barranquilla
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendió las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad en Barranquilla por presuntos graves imcumplimientos a las normas que las regulan.
La Superintendencia suspendió las licencias a Maximus Seguridad Privada Ltda, Seguridad Privada Lost Prevention Ltda, Atenas Seguridad Privada Ltda, Blink Seguridad Privada Ltda y Ol Security Group Ltda
Estas empresas tenían un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores, 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, en un área de extensión en la Región Caribe, especialmente en los departamentos de Atlántico, Sucre, Bolivar, Magdalena y La Guajira
El armamento quedó en custodia provisional hasta que se resuelvan las medidas adoptadas y estarán pendientes de ese proceso El Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y la Policía.
HUBO VARIAS FALLAS EN LAS EMPRESAS QUE COMPROMETERÍAN SU TRANSPARENCIA
Presuntas fallas en los sistemas de custodia y control del armamento, además presunta utilización final al servicio de estructuras y actores criminales, Igualmente posibles vínculosa de socios de una empresa con estructuras delictivas, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, reflejados en la vinculación de un numero grande de trabajadores con investigciones penales activas por delitos de alto impacto y probables omisiones administrativas operativas y contables, incluyendo deuda acumulada desde el año 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados finanacieros correspondientes al año 2019
Las actividades de control se cumplieron por orden del presidente de Colombia Gustavo Petro, Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada, Ministerio de Defensa, Policía nacional y la Fiscalía General de la Nación.
El objetivo es evitar que las empresas de seguridad privada se presten o sean instrumentalizadas por estructuras criminales.
