Informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para
el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA sobre la elección presidencial de Venezuela para el
Secretario General Luis Almagro
El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para el
Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera
que, en las circunstancias actuales, no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) que proclaman ganador a Nicolás Maduro en la elección presidencial del
domingo 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela.
Más de seis horas después del cierre de la votación, el CNE realizó un único anuncio en conferencia de
prensa, indicando que había procesado el 80% de las mesas de votación y declarando ganador al
candidato oficialista, sin otorgar el detalle de las mesas procesadas, sin publicar las actas y brindando
únicamente los porcentajes agregados de votación que habrían recibido las principales fuerzas políticas.
El CNE falsamente calificó estos datos como “irreversibles”. Las cifras publicadas en el canal oficial
revelaron, además, errores aritméticos.
Los eventos de la noche de la elección confirman una estrategia coordinada, que se ha venido
desplegando durante los últimos meses, para vulnerar la integridad del proceso electoral. La suma de
diversos elementos imposibilita otorgarle reconocimiento democrático a las cifras oficiales: la opacidad
del CNE y su resistencia a la observación nacional e internacional, la extrema inequidad en la contienda, la intimidación y la persecución política, la supresión de candidaturas, los ataques a la prensa y al derecho a la información, la demora en la apertura de centros de votación y en la divulgación de los resultados, la renuencia a permitir el ingreso de testigos de las fuerzas de la oposición a las mesas y centros de votación o entregarles la copia del acta de escrutinio, la suspensión en la transmisión de resultados desde distintos centros de votación, la interrupción del servicio de la página del CNE desde la noche del domingo, el anuncio de un supuesto hackeo al sistema de transmisión sin aportar prueba alguna y, sobre todo, la contradicción entre los porcentajes anunciados y los ejercicios de verificación ciudadana que se hicieron públicos al concluir el escrutinio, que además coincidían con los muestreos y encuestas de boca de urna que aplicaron metodologías técnicas.
Desde antes de la jornada electoral, la elección presidencial se había caracterizado por una sucesión de
obstrucciones arbitrarias al ejercicio del sufragio activo y pasivo, en la forma de artilugios ilegales,
intimidación, violencia, detenciones, expulsiones, inhabilitaciones, trabas burocráticas, uso electoral del
aparato estatal y otro arsenal de obstáculos a la manifestación libre de la voluntad popular. Estas
acciones buscaron inclinar la balanza a favor del oficialismo, desalentar y amedrentar a la oposición,
engañar y confundir al electorado y, en general, burlar la normativa electoral y los acuerdos alcanzados
en un amplio proceso de negociación con acompañamiento internacional. Desafortunadamente, los
esfuerzos del oficialismo por controlar el proceso electoral no cesaron el 28 de julio, sino que más bien
se intensificaron al cierre de la votación.
Desde las vísperas de la elección y durante toda la jornada, millones de venezolanas y venezolanos
acudieron a las urnas de forma pacífica y masiva, dentro del país y en distintas ciudades en el exterior.
A pesar de que menos de 70 mil personas estaban habilitadas para votar en el extranjero1, de un
electorado potencial de alrededor de cinco millones, la Venezuela migrante se hizo presente en
manifestaciones y concentraciones en varias partes del mundo. Aunque no pudieron ejercer su voto, sí
ejercieron su voz con convicción. El cuestionable comportamiento del gobierno y del CNE resulta
especialmente lamentable frente al entusiasmo ciudadano demostrado en esta elección.
Durante las últimas décadas, la OEA ha puesto al servicio de las democracias del Sistema Interamericano
el despliegue de Misiones de Observación Electoral (MOE), a partir de una rigurosa metodología que
busca velar por el cumplimiento de la legislación electoral de cada país y emitir recomendaciones para
la mejora continua de los procesos eleccionarios. En Venezuela, la OEA desplegó 11 MOE desde 1992 y
hasta 2006, fecha en que el organismo recibió la última invitación para observar en territorio venezolano.
No obstante, la Organización ha continuado monitoreando la realidad político-electoral venezolana y ha
emitido una serie de pronunciamientos en torno al progresivo debilitamiento de la institucionalidad
democrática del país. En el marco del actual proceso electoral, la Secretaría General de la OEA condenó2
la persecución política de líderes opositores y en particular la inhabilitación de la candidatura de María
Corina Machado, ganadora de las primarias de la principal alianza opositora y candidata puntera en las
encuestas.
En cumplimiento del mandato de protección y promoción de la democracia y los derechos humanos de
la OEA, a continuación se presenta un informe en torno al proceso del 28 de julio de 2024, con base en
fuentes primarias y secundarias que incluyen conversaciones directas con figuras clave del proceso,
análisis de la normativa electoral, incidencias y hallazgos recabados por iniciativas de observación
nacional y organizaciones de la sociedad civil, comunicaciones públicas de actores políticos e
institucionales, información difundida a través de los medios de comunicación y de las redes sociales,
entre otros.
Aunque este documento no equivale a un informe de observación electoral—en tanto la OEA no tuvo
presencia en territorio venezolano, ni pudo implementar las metodologías correspondientes—el análisis
1 CEPAZ, REDAC y REC. 2024. “Derechos limitados: vulneraciones a la participación electoral de las personas venezolanas en el exterior”.
Se basa en criterios técnicos, estándares internacionales y buenas prácticas, así como en la experiencia
acumulada en la observación de cientos de elecciones en todo el Hemisferio Occidental. El documento
abarca la etapa preelectoral y la jornada de votación, incluyendo el escrutinio y difusión de los
resultados. Asimismo, se realiza un recuento de las irregularidades técnicas y jurídicas evidenciadas en
estas fases del proceso.
Debido al contexto de represión, detenciones arbitrarias, censura, e intimidación que se vive en
Venezuela, algunas de las asociaciones que generaron información verificable y valiosa y que han
entregado datos a la OEA han solicitado mantenerse en el anonimato. El Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral de la OEA (DECO) desea agradecer y felicitar la convicción
democrática de estas asociaciones, que en un ambiente de represión y hostilidad han decidido continuar
luchando por la democracia venezolana. El DECO ha triangulado la información brindada para verificar
su confiabilidad y veracidad.
El presente informe lo elaboró el área técnica en materia electoral de la Secretaría General con el fin de
informar al Secretario General sobre lo ocurrido durante el proceso electoral llevado a cabo en la
República Bolivariana de Venezuela.
I. ETAPA PREELECTORAL
El 5 de marzo de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que las elecciones
presidenciales se llevarían a cabo el 28 de julio de 20243. Luego de múltiples complicaciones que se
detallan en las siguientes páginas, participaron en la contienda 10 candidatos4. Ninguna mujer logró
finalmente competir por la presidencia.
El proceso electoral presidencial se desarrolló en un clima de intensa polarización y desconfianza hacia
el sistema electoral. La desaparición de la frontera entre el Estado, el gobierno y el partido oficialista se
ha traducido en el control gubernamental de la totalidad de las instituciones públicas, incluyendo el
poder legislativo, el sistema judicial, el ejército, la policía, el servicio de inteligencia, el CNE y distintos
medios de comunicación. A esto se suma la presencia de grupos armados paraestatales ligados al
oficialismo, según han documentado diversas organizaciones nacionales e internacionales5
.
CRONOGRAMA_ELECCION_PRESIDENCIAL_2024.p
Como antecedente, es necesario recordar la elección presidencial de 2018, ampliamente rechazada por
la comunidad internacional debido a la manipulación arbitraria de los tiempos electorales, la supresión
de opciones en contienda y la ausencia de garantías mínimas de transparencia, lo que llevó a la mayor
parte de la oposición a abstenerse de participar6 y a decenas de países a desconocer el resultado y, con
él, la legitimidad de Nicolás Maduro para continuar gobernando7
.
Al igual que hace seis años, la elección presidencial de 2024 fue una contienda en extremo inequitativa.
La desmedida concentración del poder y la eliminación de los pesos y contrapesos tuvo, de nuevo,
consecuencias electorales claras: la detención y persecución de miembros de la oposición y sus
colaboradores, la creación de un ambiente de intimidación y amenaza, la aplicación de subterfugios
legales para neutralizar fuerzas rivales y marginalizar a segmentos del electorado, el uso de recursos
públicos y redes clientelares con fines proselitistas, la falta de transparencia y las restricciones al derecho
de información, entre otras.
Sin embargo, la principal diferencia entre este proceso presidencial y el de 2018 fue la participación de
una oposición unida, aunque todavía en clara condición de desventaja. En parte, esto se debió a la
negociación entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, con el acompañamiento
de varios países, que derivó en el “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías
electorales para todos”, suscrito en octubre de 2023. El documento, conocido como el “Acuerdo de
Barbados”8, reiteró el derecho de las fuerzas políticas a seleccionar sus candidaturas, dispuso la
celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 20249 y estableció una serie de
garantías en torno a la actualización del registro electoral, la realización de auditorías, la invitación a
determinadas misiones técnicas de observación electoral y la promoción de condiciones favorables al
desarrollo de un proceso pacífico, seguro, equitativo y confiable. No obstante, como se describe a continuación, diversas acciones emprendidas desde el gobierno y el aparato estatal bajo su control estuvieron orientadas a contradecir tanto la letra como el espíritu del
Acuerdo de Barbados.
Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Elección presidencial y de Consejos Legislativos de Venezuela. 20 de mayo
de 2018.
Históricamente, las elecciones presidenciales se habían celebrado en el mes de diciembre. En 2018, se adelantaron al mes de mayo, comprimienddrásticamente el calendario electoral. Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Elección presidencial y de Consejos
Legislativos de Venezuela. 20 de mayo de 2018.
Inhabilitación de candidaturas y de autoridades electas y destituciones
En mayo de 2022, la Plataforma Unitaria anunció la realización de un proceso de elecciones primarias,
programadas para el mes de octubre de 2023, para determinar su candidatura presidencial10. La ex
diputada María Corina Machado se constituyó tempranamente como la precandidata con mayores
oportunidades de obtener la designación. El 22 de octubre de 2023, Machado fue electa por una
abrumadora mayoría en las primarias de la alianza opositora, acumulando más del 90% de los votos
emitidos
A petición de un diputado afín al oficialismo, en el mes de junio de 2023 la Dirección General de
Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República emitió un oficio12 reiterando una
inhabilitación administrativa para el ejercicio de cargos públicos impuesta en 2015 contra la señora
Machado por supuestas irregularidades administrativas, originalmente por 12 meses y posteriormente
extendida a 15 años. El tiempo, el tono, la forma y el fondo del oficio13 dejan pocas dudas sobre la
instrumentalización política del ente contralor.
Desde el cambio de siglo, pero especialmente desde 2018, la inhabilitación de partidos políticos y de
candidaturas ha limitado la pluralidad política en Venezuela, en esencia reduciendo las opciones
electorales al partido de gobierno, figuras afines al oficialismo o candidaturas de la oposición con pocrespaldo popular. Organizaciones de la sociedad civil registran más de 1.400 ciudadanas y ciudadanos
inhabilitados para el ejercicio de la función pública desde 200214. Con frecuencia, como en el caso de la
señora Machado, las inhabilitaciones se han llevado a cabo en sede administrativa, en lugar de a través
de un proceso judicial, como corresponde a la protección del derecho humano al sufragio pasivo. Como
ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), y según han reiterado
diversas Misiones de Observación Electoral de la OEA en otros países, los requisitos que se aplican al
ejercicio de derechos políticos no pueden ser abusivos ni arbitrarios y las condiciones deben estar
previstas en la ley en sentido formal y material, perseguir un fin legítimo y cumplir con los criterios de
10 La Patilla. 16 de mayo de 2022. Plataforma Unitario informó sobre últimas decisiones para detener el sufrimiento de los venezolanos
https://presidenciaintvzla.com/presidencia/comunicado-de-la-plataforma-unitaria-sobre-las-ultimas-decisiones-para-avanzar-en-el-cambio-politico-y-
detener-el-sufrimiento-de-millones-de-venezolanos/
La motivación electoral de las inhabilitaciones se evidenció, además, en los obstáculos a las
sustituciones. En marzo de 2024 Corina Yoris, la líder escogida por la Plataforma Unitaria para
reemplazar a Machado, no pudo inscribir su candidatura por carecer de acceso a los códigos digitales
necesarios para el procedimiento17. Según denunció, las claves otorgadas a la PUD eran rechazadas por
el sistema, situación que no enfrentaron otras fuerzas políticas. Luego de reclamos de abuso de poder,
el CNE extendió el plazo de inscripción por unas horas y la Plataforma Unitaria pudo inscribir como
candidato al embajador Edmundo González.
Por último, en el marco del proceso presidencial también se registraron varias destituciones de figuras
electas, incluyendo un alcalde de la oposición destituido por el Concejo Municipal de Ortiz, en Guarico,
y dos concejales de la oposición destituidos de facto por el Concejo Municipal de Tucupita, en Delta
Amacuro18
Detenciones, desapariciones y actos de intimidación
Conforme con la lógica electoral de la persecución y la represión, hasta el 25 de julio de 2024 la
organización no gubernamental Foro Penal registraba 135 arrestos arbitrarios por razones políticas con
desapariciones forzadas en el marco del proceso19, cifra que se disparó con 48 arrestos arbitrarios más
entre el 26 y el 28 de julio, además de un asesinato. 102 de los detenidos en la etapa preelectoral
estuvieron vinculados a la líder de oposición María Corina Machado20, incluyendo su jefe de seguridad21
,
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-28/21 del 7 de junio de 2021. Ver:
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf
16 Acceso a la Justicia. 19 de julio de 2024. “Cifras de persecución política durante giras de la oposición venezolana. Julio 2024”. Ver:
https://accesoalajusticia.org/cifras-persecucion-politica-durante-giras-oposicion-venezolana-julio-2024/
17 CNN Español. 25 de marzo de 2024. Corina Yoris no pudo inscribir su candidatura: “Están cercenando el derecho a millones de venezolanos; son horas
muy oscuras”. El 17 de julio, María Corina Machado denunció en una rueda de prensa la detención de su compañero de campaña y jefe de seguridad, Milciades Ávila, quien fue liberado al día siguiente y deberá presentarse ante la justicia cada 30 días. Cuenta oficial de X del Comando ConVzla (@ConVzlaComando). 17 de julio de 2024. Ver: https://twitter.com/ConVzlaComando/status/1813633674598097031 y Voz de América. 18 de julio de 2024. “Venezuela: liberan a jefe
aunque también se registraron detenciones de personas vinculadas a otros partidos de la oposición.
Asimismo, se giraron órdenes de detención contra seis directivos de la campaña de Machado, quienes
se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina desde el mes de abril. El día de la votación, el
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) aprehendió a un miembro del comando de la
campaña nacional de Machado, quien se encontraba realizando actividades de logística en un municipio
del estado Miranda, según informó la oposición22. De acuerdo con un monitoreo del portal Tal Cual, en
promedio, cada tres días una persona vinculada a la oposición fue amenazada por su ejercicio político23
.
Varias de las detenciones estuvieron orientadas a impedir la realización de actos de campaña: al menos
46 personas fueron arrestadas por prestar servicios o vender bienes a la oposición durante su recorrido
por el país o en las concentraciones políticas24
.
El 3 de julio de 2024, un grupo de 62 organizaciones venezolanas de la sociedad civil enviaron una carta
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresando su preocupación
por el posible aumento de abusos y violaciones de derechos humanos durante la campaña electoral en
Venezuela. Denunciaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecuciones políticas,
censura y obstáculos a la participación política, por lo que solicitaron monitoreo y acciones para
garantizar elecciones libres y justas25
.
Durante los meses y días previos a la elección, se registraron otros actos de violencia e intimidación con
el fin de alterar el proceso electoral. El 18 de julio, María Corina Machado denunció un atentado contra
ella y su equipo, al percatarse de que durante la madrugada los vehículos en los que se trasladaban
fueron “vandalizados” y se les “cortó la manguera de los frenos”26
.
El ambiente de intimidación encontró eco en las más altas esferas del poder. A pesar de que el Acuerdo
de Barbados incorporaba el compromiso de promover “un discurso público y un clima político y social
favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico”, el 17 de julio Nicolás Maduro realizó
declaraciones públicas afirmando que, de no ganar la reelección, el país podría “caer en un baño de
sangre, en una guerra civil”. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
de seguridad de la líder opositora María Corina Machado”. Ver: https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-liberan-a-jefe-de-proteccion-de-la-lider-
opositora-maria-corina-machado/7704371.html
22 Infobae. 27 de julio de 2024. “Represión en Venezuela: el régimen chavista detuvo a un dirigente del partido de María Corina Machado en el estado
Miranda”. Ver: https://www.infobae.com/venezuela/2024/07/27/represion-en-venezuela-el-regimen-chavista-detuvo-a-un-dirigente-del-partido-de-
maria-corina-machado-en-el-estado-miranda/
23 Tal Cual. 2024. “Cada tres días, en promedio, un activista político opositor fue perseguido o encarcelado en 2024”. Ver: https://talcualdigital.com/cada-
tres-dias-en-promedio-un-activista-politico-opositor-fue-perseguido-o-encarcelado/
24 Acceso a la Justicia. 19 de julio de 2024. ”Cifras de persecución política durante giras de la oposición venezolana. Julio 2024”. Ver:
https://accesoalajusticia.org/cifras-persecucion-politica-durante-giras-oposicion-venezolana-julio-2024/
Foro Penal. 3 de julio de 2024 ONG expresan preocupación al Alto Comisionado debido al posible aumento de abusos en escenario electoral. Ver:
https://foropenal.com/ong-expresan-preocupacion-al-alto-comisionado-debido-al-posible-aumento-de-abusos-en-escenario-electoral/
26 Voz de América. 18 de julio de 2024. “María Corina Machado denuncia atentado en su contra a 10 días de elecciones presidenciales en Venezuela”. Ver:
https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-maria-corina-machado-denuncia-atentado-en-su-contra-a-diez-dias-de-las-elecciones-presidenciales-
/7703181.html
Su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), este tipo de discursos por parte de la máxima autoridad del Estado y de las fuerzas de seguridad tiene como efecto amedrentar y coartar la libertad
política del electorado, generando dudas sobre la eventual transmisión de mando ante la posibilidad de
un resultado favorable a la oposición27
.
Opacidad, obstrucción de testigos y rechazo a la observación nacional e internacional
La transparencia y la apertura a la observación nacional e internacional constituyen pilares
fundamentales de todo proceso electoral democrático. La legitimidad de los resultados emana no sólo
de la investidura de los órganos electorales, sino también del escrutinio al proceso y la capacidad de las
propias fuerzas políticas y de la ciudadanía en general de verificar que el proceso se conduce conforme
con reglas claras, estables, justas y comunes a todos los actores. La confianza en un sistema electoral no
se decreta ni se declara, sino que se construye a través de la labor imparcial y transparente.
En el sistema venezolano, los testigos actúan como veedores del proceso electoral, representando a los
partidos, movimientos y grupos ciudadanos que inscriben candidaturas. La participación de los testigos
está asegurada por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE)28 en el artículo 157 y su reglamento
a partir del artículo 446. Aunque los miembros de mesa son las autoridades principales en los centros de
votación, la ley establece que los testigos no pueden ser limitados en su actividad por los funcionarios
de los organismos electorales subalternos. Esto significa que cada testigo tiene el derecho de observar
el proceso electoral y de exigir que se registre en el acta correspondiente cualquier observación sobre
posibles irregularidades. Los testigos son responsables de asegurar y fortalecer la verificación ciudadana
al final de la votación, mediante la revisión y certificación de los comprobantes de votación en relación
con los datos registrados en el acta de escrutinio.
En los sistemas democráticos de la región opera un criterio pro fiscalización, conforme con el cual se
generan condiciones que maximicen la veeduría política y ciudadana del proceso, por ejemplo
permitiendo que los fiscales de partidos (testigos en el sistema venezolano) puedan votar en la mesa
que fiscalizan incluso si no se encuentran inscritos en ella, registrándose debidamente esta situación en
el acta. En cambio, en este proceso electoral el CNE modificó las reglas que regían el papel de las y los
testigos electorales, imponiéndoles el requisito de encontrarse inscritos para votar en el centro en que
supervisaban.
Además, como se detalla más adelante en la sección de la jornada, el día de la elección trascendieron
varias incidencias de impedimento de acceso de testigos a los recintos, mesas y órganos electorales. A
27 CIDH. 19 de julio de 2024. “CIDH y RELE alertan sobre persecución política en Venezuela en el contexto electoral”. Ver:
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/CIDH/prensa/comunicados/2024/166.asp
28 Ley Orgánica de Procesos Electorales de la República Bolivariana de Venezuela. Ver:
http://www4.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_los_Procesos_Electorales.pdf
pesar de estas obstrucciones, observadores nacionales reportaron que alrededor de un 90% de las mesas
de votación contaban con presencia de testigos de la oposición.
Para estas elecciones, el CNE acreditó como observadores nacionales a cuatro organizaciones de la
Noticias Y Reportaje El Informativo, [30/07/2024 10:27 a. m.]
sociedad civil: la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE), la Fundación Proyecto
Social, la Asociación Venezolana de Juristas y el Centro Internacional de Estudios Superiores. El CNE no
acreditó al Observatorio Electoral Venezolano (OEV), dejando sin respuesta la solicitud de acreditación29
.
La labor de las y los observadores internacionales, que han sido reconocidos por la CIDH como
defensores de los derechos humanos30, fue también obstaculizada. El Acuerdo de Barbados contemplaba
el compromiso de invitar misiones técnicas de observación electoral de determinados organismos,
incluidos la Unión Europea (UE), el Panel de Expertos Electorales de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el
Centro Carter, “sin perjuicio del derecho de los actores políticos a invitar acompañantes nacionales e
internacionales”. De estas organizaciones, únicamente el Panel de Expertos Electorales de la ONU y el
Centro Carter efectivamente desplegaron misiones acotadas en territorio venezolano, aunque con
restricciones considerables al ejercicio libre de sus funciones.
El 28 de mayo el CNE revocó la invitación a la misión de observación de la Unión Europea. El presidente
del CNE justificó la decisión por las sanciones económicas del bloque de 27 países, afirmando que los
representantes de la UE no eran bienvenidos mientras existieran estas sanciones31
.
Es importante destacar que la propia unión de órganos electorales rechazó la invitación a observar el
proceso. La negativa de los pares del CNE da cuenta de las serias deficiencias del sistema electoral
venezolano, que diversos actores de la comunidad internacional han venido señalando de forma
consistente, entre ellas la Unión Europea y la OEA. Estas elecciones demostraron que se debe abandonar
el mito de la excelencia del sistema electoral venezolano. No sólo se trata de un sistema que es
manipulado por el gobierno actual, sino que además tiene vulnerabilidades claras que facilitan esa
manipulación y permiten la opacidad que atenta contra un verdadero escrutinio del proceso.
Por último, durante los días previos a la elección se impidió la participación de diversos invitados
internacionales de las organizaciones políticas32. Las acciones incluyeron retiro de invitación, bloqueo
29 Efecto Cocuyo. 22 de julio de 2024. “¿Cómo será la observación nacional para las elecciones presidenciales?”. Ver:
https://efectococuyo.com/politica/como-sera-observacion-nacional-elecciones-presidenciales/
30 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resolución No. 01/2024. Ver: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2024/Res-1-24-
Personas-Observadoras.pdf
31 France 24. 29 de mayo de 2024. “Venezuela retira invitación a la Unión Europea para observar elecciones presidenciales”. Ver:
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20240528-venezuela-retira-invitaci%C3%B3n-a-la-uni%C3%B3n-europea-para-observar-elecciones-
presidenciales
Retiro de invitación: Expresidente Alberto Fernández (Argentina). BBC Mundo. 25 de julio de 2024. “Elecciones en Venezuela: Brasil cancela el envío de observadores y el expresidente argentino Alberto Fernández dice que le retiraron la invitación”. Ver: https://www.bbc.com/mundo/articles/c03522v49lyo
Violación del espacio aéreo para ingresar a territorio venezolano, deportación y expulsión del país. Especialmente notorio y condenable fue el caso de una delegación de ex mandatarios de la región, cuyo avión fue retenido en Panamá y a quienes no se les permitió viajar a Venezuela, al igual que a legisladoras, legisladores y otras autoridades electas de distintas naciones.
Ataques a los medios de comunicación, al derecho a la expresión y al derecho a la información
Según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, en 2024 se documentaron restricciones
severas al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En particular, se registraron hechos de
hostigamiento judicial, detenciones y detenciones arbitrarias.
