A través de auto calendado enero 21 de 2026, el Juez Primero Civil del Circuito de Barranquilla, Dr. NORBERTO GARI GARCÍA, requirió a la Asociación de Educadores del Atlántico -ADEA- para que dé “inmediato y estricto cumplimiento a la medida cautelar decretada… mediante auto del 7 de noviembre de 2025”.
La referida medida cautelar, como se recordará, suspendió provisionalmente la Resolución 001 de julio 22 de 2025, expedida por la Asamblea General de Delegados de ADEA, a instancias de su Junta Directiva, y a través de la cual se decidió expulsar, con violación del debido proceso, a Alberto Ortiz Saldarriaga, como Fiscal democráticamente elegido por la Asamblea General de Afiliados de ADEA en julio 31 de 2024.
La decisión judicial deja sin ningún piso jurídico las diferentes excusas esgrimidas por directivos de ADEA, orientados por el presidente de, FECODE y candidato al senado Domingo Ayala, para apartarse y desobedecer la orden vinculante impartida por un Juez de la República.
De esta forma queda sin ninguna validez tesis como las de suspensión de los efectos de la medida cautelar a partir de la interposición de recurso de apelación o la de que debía ser convocada la Asamblea de Delegados para cumplir con lo decidido por el juzgado.
El pronunciamiento del Juzgado se produce luego de seis escritos en los que el demandante informaba al juzgado sobre la ocurrencia del desacato por parte de la demandada, lo que configura la comisión del delito de fraude a resolución judicial e infracción grave al Código Disciplinario Único por parte de los directivos renuentes a cumplir la orden que se les impartió.
Cabe resaltar que por la inobservancia de la decisión judicial contra varios directivos de ADEA cursa denuncia penal ante la Fiscalía 27 Local por el delito de fraude a resolución judicial y queja disciplinaria de la que conoce la Procuraduría General de la Nación.
Adicionalmente la medida podría tener efectos secundarios sobre la Dirección Territorial Atlántico del Ministerio de Trabajo que también ha desobedecido y desacatado la medida cautelar en una especie de actuación de complicidad inaceptable con algunos de los directivos de ADEA al margen de la ley.
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