El presidente de los colombianos, Abelardo De La Espriella, al conocer la reacción de Alejandro Ramelli presidente de la JEP, quién considera que el recorte de cien mil millones de pesos que ordena el Gobierno contra el al alto Tribunal lo que busca es «acabarla».
Respondió De la Espriella que a él no lo anima ninguna «política de venganza» sino un ejercicio de responsabilidad fiscal y eficiencia en el gasto estatal.
En este debate nacional, el gobierno del presidente De la Espriella es partidario de un recorte de $100 mil millones al presupuesto de la JEP para destinarlos al Consejo Superior de la Judicatura y ante esta decisión Ramelli calificó la medida como un ataque a la autonomía y acudió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, manifestando su preocupación por los anuncios del presidente.
El jefe de Estado manifestó que los recursos públicos son limitados y se deben priorizar con todo el rigor y por lo tanto es claro que «no busco desmantelar la justicia transicional por enemistad», aseguró.
El mandatario nacional defendió la necesidad de canalizar fondos hacia la justicia ordinaria y necesidades que son de caracter prioritario para el país. También se refirió a los ingresos de los directivos y magistrados de la JEP. Ramelli dijo También que el presidente De La Espriella es partidario de una reforma constituccional para que las decisiones de la JEP las revise la Justicia Penal Militar.
Afirmó Ramelli que con esta posición, el Gobierno estaría incumpliendo sus compromisos internacionales con el acuerdo de Paz y debilitando la Justicia Especial para la Paz
En su pronunciamiento dijo el presidente que no comparte las declaraciones del magistrado
«Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no contituye una amenaza contra ningún juez, es la contitucción funcionando» expresó.
Explicó que la JEP ha recibido más de 3 billones de pesos desde 2018. En 2025 recibió 777.069 millones y en 2026 opera con cerca de 744.659 millones, Para 2027, la JEP solicitó 947 mil 642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla $821.803 millones, una diferencia superior a 125 mil millones.
Manifestó que los recursos del Estado son limitados
«Eso no es asfixia ni venganza, es responsabilidad fiscal»
Defendió su posición al señalar que hay que prizar otras necesidades de la rama judicial ordinaria que enfrenta congestión de procesos, falta de infraestructura y limitaciones tecnológicas. Es importante fortalacer los despachos que atienden los procesos de la ciudadanía, insistió.
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