No es un secreto que, por años, el sistema pensional en Colombia ha sido un campo de batalla entre la dignidad de los pensionados y la rentabilidad financiera de los fondos privados.
Muchas personas que se quedaron en los fondos con la esperanza de tener una buena pensión se estrellaron contra una pared de frustración. El negocio es para los fondos, para los banqueros que son los dueños, no para el trabajador.
Por eso, lo que está pasando con la resistencia de los fondos y el respaldo del Consejo de Estado, de oponerse a la entrega de los ahorros de quienes se pasaron a Colpensiones es parte del juego financiero de quienes hacen negocio con los recursos de quienes confiaron en ellos.
Son más de 27 billones de pesos que tienen que pasar a Colpensiones, como lo confirmó Jaime Dussán, su presidente, porque allí es donde están ahora los dueños de esos recursos: 109 mil ciudadanos. Es decir, se trasladaron de los fondos y sus ahorros siguen al otro lado, rentando para beneficio de los banqueros.
De manera que lo que está ocurriendo es otro obstáculo de la oposición, expresada en el proceder del Consejo de Estado, para seguir desarmando las finanzas públicas y sabotear la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien está tomando decisiones importantes para que se respeten los recursos y los derechos de los trabajadores.
Lo que hizo el Consejo de Estado fue suspender la medida del Gobierno para que se haga el traslado de los recursos. Una zancadilla jurídica que desconoce a quién le pertenece realmente la plata de las pensiones.
Así, esos dineros no se pueden quedar retenidos, mientras los fondos privados siguen percibiendo comisiones por administrar lo que ya no les corresponde.
En ese forcejeo debe quedarle claro a la oposición que los 27 y más billones de pesos no son del Gobierno ni de los fondos. Son de los trabajadores, de aquellos que prefirieron que sus recursos deben estar bajo el amparo del Estado y con garantías y ventajas que no ofrece el sector privado.
En últimas, se está desconociendo la voluntad de quienes aportan para pensionarse o ya están pensionados y se privilegia a los dueños de los fondos que se enriquecen con dineros ajenos.
La plata de las pensiones se respeta. Respetarla significa asegurar que esté donde debe estar.
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